El Tribunal de Cuentas examina los errores de las autoridades fiscales – 23/01/2025 a las 12:29

El Tribunal de Cuentas examina los errores de las autoridades fiscales – 23/01/2025 a las 12:29
El Tribunal de Cuentas examina los errores de las autoridades fiscales – 23/01/2025 a las 12:29
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El importante cambio emprendido por las autoridades para modernizar la declaración de bienes inmuebles de los propietarios no se ha realizado sin contratiempos. Un informe cuantifica el importante impacto financiero para el Estado, llamado a asumir una serie de retrasos cuyo importe supera los mil millones de euros.

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(Ilustración) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

“Gestión defectuosa”, “incomprensión de los contribuyentes”… En un informe publicado el jueves 23 de enero, el Tribunal de Cuentas hizo una dura evaluación del importante proyecto de modernización llevado a cabo por la administración tributaria, que condujo a impuestos indebidos a tasas “muy pesadas”. consecuencias financieras para las arcas estatales.

Los errores en la recaudación en 2023 de varios impuestos vinculados a los bienes inmuebles, como el impuesto sobre la vivienda de segunda residencia, han costado al Estado 1.300 millones de euros, calculó el Tribunal de Cuentas.

En 2023, tras la abolición del impuesto sobre la vivienda en la residencia principal, se invitó a los propietarios a comprobar el estado de ocupación de sus propiedades mediante una solicitud estatal.

“Administrar mis bienes inmuebles” (GMBI),

eventualmente pagar algunos impuestos restantes, como el impuesto sobre la vivienda en segundas residencias o el impuesto sobre las viviendas desocupadas.

Pero “el despliegue técnico” de esta aplicación “se desarrolló en condiciones especialmente difíciles, ya que a más de un millón de contribuyentes se les impuso erróneamente el impuesto sobre la vivienda o el impuesto sobre las viviendas desocupadas”, señaló el Tribunal de Cuentas. Esto obligó a la administración a

“Conceder reducciones muy importantes, que ascienden a más de 1.300 millones de euros”, calculó el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, si el Estado recauda estos impuestos principalmente en beneficio de las autoridades locales, es el Estado el único que soporta el coste de estas desgravaciones.

Esta pérdida representó el 34% de los ingresos de los tres impuestos afectados, –

el impuesto sobre la vivienda de segundas residencias, el impuesto sobre la vivienda de viviendas desocupadas y el impuesto sobre las viviendas desocupadas-,

en 2023.

El Tribunal de Cuentas atribuye estos contratiempos durante la campaña de declaración, en particular, a “la mala comprensión por parte de los contribuyentes de lo que se les pedía”. Muchos propietarios no entendían por qué tenían que presentar una declaración en una solicitud cuando se había suprimido el impuesto sobre la vivienda habitual, explica el Tribunal de Cuentas.

¿Una herramienta para las auditorías fiscales?

A pesar de varios aplazamientos de la fecha de finalización de la campaña, sólo el 73,1% de los propietarios habían facilitado correctamente sus datos al final de la campaña. “En un contexto financiero muy difícil para las finanzas públicas,

Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que una pérdida de esta magnitud no vuelva a ocurrir en 2024”.

escribe el Tribunal de Cuentas en su informe. La aplicación GMBI “no contribuye suficientemente a la necesaria mejora del conocimiento de los datos sobre vivienda”, se señala en el informe.

El Tribunal de Cuentas también está considerando ampliar el uso de la herramienta para la acción fiscal. “A medio plazo, deberían emprenderse debates más amplios sobre la contribución del GMBI a otras políticas públicas o para usos relacionados y específicos de las profesiones de la DGFiP, por ejemplo para las auditorías fiscales”, juzga el Tribunal de Cuentas.

La aplicación GMBI, desarrollada durante más de cinco años antes de su lanzamiento, también “sufría de una gobernanza y una gestión inadecuadas que provocaron una desviación presupuestaria importante”, señaló el Tribunal de Cuentas. El sistema costó al menos 56,4 millones de euros, desde su desarrollo hasta su implementación.

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